La democracia representativa
Es la forma de organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde 1948 los Estados miembros reconocieron como derecho humano el "derecho de sufragio y de participación en el Gobierno", en la Declaración Americana (Art. XX).
Indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo regional, la democracia y los derechos humanos son indivisibles, interdependientes y fundamentales para el estado de derecho.
Democracia
Es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos
los aspectos de sus vidas.
Es indispensable para alcanzar la estabilidad, la paz, el desarrollo de la región, y lograr el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
Elementos
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Respeto a los derechos humanos;
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Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho;
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Celebración de elecciones periódicas, libres,
y justas; -
Régimen plural de partidos y organizaciones políticas;
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Separación e independencia de los
poderes públicos; -
Transparencia;
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Respeto a la libertad de expresión y de prensa;
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Probidad y responsabilidad en la
gestión pública; -
Respeto por los derechos sociales.
Poderes
Poder ejecutivo
Es responsable de la implementación y ejecución de las leyes y políticas del gobierno.
Riesgos de la concentración de poder en el poder ejecutivo
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Impunidad.
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Represión.
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Disuasión a demás actores políticos a participar en procesos electorales.
¿Qué prácticas contribuyen a la concentración y mantenimiento del poder en el Ejecutivo?
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Reelección indefinida,
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Desviación o abuso del poder.
La reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana.
Poder legislativo
Elabora disposiciones legales, por lo que puede facilitar la incorporación de los estándares interamericanos a los ordenamientos nacionales.
Contribuye a lograr el desarrollo democrático a través de la elaboración participativa de dichas normas.
Avances en la representación política
de las mujeres
En las últimas décadas, la represenación política de las mujeres en las legislaturas ha aumentado. Este proceso se ha visto acelerado por leyes de cuotas. Para continuar esta tendencia los Estados deben implementar medidas para promover la paridad de género y mayor participación polítca de las mujeres en el Poder Legislativo.
Poder judicial
Asegura el cumplimiento de las leyes, y es fundamental para proteger los derechos humanos, ya que previene el abuso de poder por parte de otros órganos estatales.
Principios relevantes: Independencia judicial
Los Estados deben garantizar que la selección y nombramientos de las personas operadores de justicia sea transparente, así como su inamovilidad (separación del cargo y régimen disciplinario), y su seguridad y protección. Además, debe garantizar la imparcialidad de la administración de justicia.
Estado de derecho
Implica que exista un orden jurídico e institucional
en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad
de quienes gobiernan, a través del control judicial
de constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.
La vigencia del Estado de derecho y del sistema democrático es crucial para la efectiva protección
de los derechos humanos.
Principios
Acceso a la justicia y debido proceso
Todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados. El Sistema Interamericano ha sostenido que todos los órganos que ejerzan funciones jurisdiccionales tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso.
Legalidad e irretroactividad de la ley
El principio de legalidad implica la emisión de normas jurídicas en función del bien común adoptadas por los órganos legislativos de cada Estado. Cuando ejecen su poder punitivo y sancionatorio, los órganos estatales deben actuar con base a este principio.
Obligaciones
Los Estados miembro tienen obligación de adecuar su normativa interna a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, las y los operadores de justicia y toda autoridad pública, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención. En otras palabras, deben ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Para un Estado de derecho efectivo es fundamental la consolidación de una administración de
justicia que:
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Genere confianza en la población.
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Sea accesible sin discriminación.
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Responda a las violaciones de
derechos humanos.
Estado de excepción
Para mantenerse dentro del margen del Estado democrático de derecho y evitar prácticas arbitrarias, los estados de emergencia (suspensión de las garantías constitucionales):
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Sólo pueden ser invocados en situaciones excepcionales, para la preservación de la democracia.
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Deben responder a los requisitos de necesidad, temporalidad, proporcionalidad, no discriminación, notificación y compatibilidad con las obligaciones internacionales.
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Deben respetar los derechos nos suspendibles.
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No deben implementares para hacer frente a situaciones de alta conflictividad social y las manifestaciones públicas
El papel central de la democracia representativa en el sistema interamericano queda ilustrado en los instrumentos en que se asienta el sistema.
¿Por qué es importante la Carta de la OEA para la institucionalidad democrática regional?
Es un instrumento fundacional de la organización, que hace referencias a la democracia y a derechos y deberes de la persona humana.
En la Carta se establece la relación entre los derechos esenciales y el ejercicio de la democracia. Estos derechos se vinculan con la solidaridad continental en el marco de instituciones democráticas, de un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales de las personas.
En la Carta, los Estados Miembros acordaron que la democracia representativa es la única forma aceptable de organización política.
Marco normativo y principios generales
Democracia y Derechos Humanos
Es un prinicipio, mediante el cual los Estados hacen pública información sobre su gestión pública, para que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
La transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos fortalece los sistemas democráticos, y es un principio fundamental de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Es el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.
Además, es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos, y una garantía fundamental para asegurar el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
Los Estados deben implementar medidas administrativas de control que aseguren que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas sea excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias y que deben establezcan medidas especiales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de la fuerza en este tipo de situaciones.
La CIDH ha abordado la protesta social desde la relación que existe entre la efectiva protección y garantía del derecho de reunión en el hemisferio y la necesidad de compatibilizar su ejercicio con las obligaciones del Estado respecto a la prevención de situaciones de violencia y al mantenimiento de las condiciones que hagan posible la convivencia en una sociedad democrática.
Durante una protesta, los Estados tienen el deber de proteger, los derechos de las personas manifestantes en relación con actos cometidos por actores privados o no estatales. Así como la obligación de investigar y sancionar a quienes cometan actos de violencia en contra de la vida o integridad personal de las personas manifestantes.
Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales.
Los pueblos culturalmente distintos, requieren estructuras políticas e institucionales amplias que les permitan participar en la vida pública, y proteger sus instituciones culturales, sociales, económicas y políticas en la toma de decisiones. Ello exige, entre otros, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo, la generación de servicios con adecuación cultural, y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Hacen posible que las personas ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas, así como para prevenir actos de corrupción e impunidad.
El acceso a la información y el uso del formato abierno (disponibilidad de bases de datos y repositorios que facilitan la publicación, consulta y uso de datos) son condiciones necesaria para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
