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Víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú y sus familiares luchan por Justicia 

Mujer campesina y madre de siete hijos, María Mamérita Mestanza fue obligada a hacerse una ligadura de las trompas. Murió de complicaciones postoperatorias un mes después. 

Viudo, hijos, cuñados y nieto de María Mamérita Mestanza

Almanzor Mestanza no tiene recuerdos de su madre, María Mamérita Mestanza. Sólo tenía tres meses de edad en 1999, cuando ella murió de complicaciones médicas después de ser sometida a una cirugía de ligamento de las trompas. La campesina, quien era de un caserío llamado Sogorón Alto y madre de siete hijos, fue una de las muchas víctimas del Programa Nacional de Planificación Familiar, implantado a partir de 1995 en Perú, que determinó la esterilización como método de planificación familiar.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en su Informe de País de 2000 que el Ministerio de Salud hizo una campaña intensa de sensibilización por medio de festivales de salud para inducir el uso de métodos anticonceptivos irreversibles y tratar de controlar de tal manera la tasa de natalidad, sobre todo entre las mujeres campesinas.

 

Según la Demus, organización no gubernamental que da amparo legal a las víctimas, más de 200 mil mujeres declararon al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú que no recibieron información suficiente sobre las esterilizaciones a las que fueron sometidas. De estas, 25 mil alegan que no sabían que los métodos eran irreversibles.

 

Antes de la cirugía de esterilización, María y su esposo, Jacinto Salazar Suárez, sufrieron intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno, que, a lo largo de dos años, fueron a la residencia de la pareja amenazando con denunciarlos a la policía si no aceptaban el procedimiento quirúrgico. Alegaban que el gobierno había aprobado una ley según la cual quien tuviese más de cinco hijos pagaría una multa y sería detenido.

 

Por fin María fue operada. El procedimiento se realizó en marzo de 1998, sin ningún examen médico previo. Ella recibió alta al día siguiente, incluso con síntomas anormales como intenso dolor de cabeza y vómitos. Jacinto informó a los Centros de Salud que su esposa empeoraba con el paso del tiempo, pero los funcionarios decían que eran los efectos postoperatorios de la anestesia. María murió en su casa un mes después de la cirugía.

"Fue muy difícil crecer sin el amor de una madre"

 

"Fue muy difícil crecer sin el amor de una madre", dice Almanzor, que fue creado por la tía. De la familia de agricultores, sólo él, el hijo menor, continuó los estudios. A los 18 años dejó la chacra y se mudó a la provincia de Cajamarca, donde realiza un curso técnico de computación y trabaja como cobrador de combi. Sueña con realizar sus estudios de Sociología, pero no tiene como pagar por el curso universitario.

 

Días después de la muerte de María, un médico del Centro de Salud ofreció dinero a Jacinto para que no fuera a la Justicia. Él rechazó y denunció al jefe del lugar al Ministerio Público por homicidio culposo. El caso fue archivado por la Justicia.

 

La denuncia entonces fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con el estado peruano, que admitió responsabilidad internacional por lo ocurrido y se comprometió a adoptar medidas de reparación material y moral a los familiares por el daño sufrido, investigar a los responsables y adoptar medidas de prevención para que casos parecidos no sucedan en el futuro.

 

La CIDH considera que el Estado cumplió parcialmente el acuerdo. El Estado avanzó con el cumplimiento total de las medidas de compensación económica y la medida de cobertura de salud a los familiares. Sin embargo, el Estado aún debe cumplir con el compromiso de brindar la ayuda financiera a los hijos de Maria Mamerita para que puedan acceder a la educación. La Comisión también ha considerado como una medida emblemática la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) y la aprobación de guías y normas técnicas para establecer procedimientos estandarizados y efectivos en las actividades de planificación familiar por parte del personal de salud, basados en el respeto de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el Estado aún continua pendiente de cumplir con su obligación de realizar todas las acciones necesarias para avanzar en las investigaciones de los responsables de la política de esterilizaciones forzadas que aún no se han concluido. El caso de Maria Mamérita continua en la impunidad.

 

El primer caso público

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Vigo fue el primer caso público de una sobreviviente de las esterilizaciones forzadas. Era 1996 y estaba embarazada de su tercer hijo cuando sintió un malestar y se fue al hospital. Los médicos hicieron una cesárea, pero el bebé no sobrevivió. Después del procedimiento, escuchó a dos médicos conversando y descubrió que había pasado por una cirugía de esterilización, sin su consentimiento. Nada constaba en su ficha médica, ya que no había dado su firma.

Victoria procesó al médico, ganó la acción y recibió una indemnización a lo largo de tres años. Descubrió que su caso no estaba aislado y se convirtió en activista por los derechos de las mujeres.

En 1998, Victoria fue a Estados Unidos para denunciar ante el Congreso norteamericano que el gobierno peruano usaba fondos de la USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en la implementación del programa de esterilizaciones. "Gracias a Dios escuché lo que los médicos se decían el uno al otro. Conozco mis derechos, soy instruida. Sé cómo defenderme. Para mí fue muy difícil conseguir una denuncia formal, y es aún más difícil para las mujeres del campo que no saben cómo proceder ", dijo en su testimonio.