La lucha de Graciela Ramos Rocha por justicia y una vivienda digna para su familia

El caso Graciela Ramos Rocha de Argentina culmina luego de un proceso satisfactorio de Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) en el cual primó el diálogo entre las partes para la restitución de los derechos a la víctima, quien se encontraba además en situación de vulnerabilidad.

Pasaron 20 años desde que Graciela Ramos Rocha fue condenada a un año de cárcel por el supuesto delito de usurpación, luego de haber ocupado un inmueble que encontró vacío, cuando escapaba de una situación de violencia familiar, estaba embarazada, con tres hijas -una de ellas con discapacidad- y sin trabajo. Esos momentos vividos por Graciela y su familia terminaron, el Estado Argentino reconoció la situación de extrema vulnerabilidad social en la que se encontraba Graciela quien ahora cuenta con una casa propia.

“Lo que inspiró mi lucha son mis hijas, el poder darles una mejor calidad de vida, un mejor hogar. Es lo que quería (…) Después de tanta espera, se hizo justicia. Gracias al doctor Gustavo Iglesias y todo su grupo, quienes estuvieron apoyándome todo el tiempo para que no baje los brazos, porque me parecía increíble poder conseguir una casa”, señala Graciela.

Luego de un proceso de solución amistosa, facilitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre la Defensoría General de la Nación, en representación de Graciela; la Provincia de Mendoza y el gobierno de la nación del Estado argentino, se alcanzó un acuerdo de solución amistosa (ASA) en el cual el Estado se comprometió llevar a cabo diferentes medidas de reparación para compensar a Graciela por la posible violación al principio de legalidad y a sus garantías judiciales. Entre ellas se encuentran la situación habitacional, la inserción escolar y social y la asistencia médica a la familia de la víctima.

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“Hay que destacar la importancia del proceso, lo maravilloso de este ASA es que generó una mirada que excedió por completo las razones que dieron lugar a la petición. Sacamos los ojos del proceso penal para dialogar sobre una cuestión de derechos económicos y sociales: el acceso a vivienda digna y el acceso a educación de la víctima y su familia”

Javier Salgado, Director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina.

Desde el programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación de Argentina, consideraron que el caso se trabajó desde dos miradas: la sustanciación de un proceso penal por la ocupación de un inmueble que Graciela encontró vacío como producto de un estado de necesidad propio y de su familia y por otra parte, la puesta en evidencia de la falta de salvaguardas existentes para satisfacer los derechos económicos y sociales básicos de una familia en situación de extrema vulnerabilidad.


“Desde un enfoque convencional, se denunció que dicho proceso no se tramitó con las debidas garantías y derivó en la imposición de una condena injusta, por un hecho que no constituía delito, y sin una revisión adecuada”, explica Mariano Fernández, responsable de programa en la Defensoría.


Fernández explicó que analizaron el caso desde una mirada interseccional con varias dimensiones de derechos económicos y sociales.

“Primero el procesamiento penal de una señora en situación de pobreza, sin empleo y con hijos menores de edad a su exclusivo cargo y segundo, la realización de un posterior desalojo, sin atender a los derechos comprometidos, ni al interés superior de los niños ni a la existencia de una persona con discapacidad”, acota Fernández de la Defensoría General de la Nación, a tiempo de destacar que una de las razones por las cuales se sustanció el procedimiento de solución amistosa se relacionó con la apremiante necesidad habitacional de la víctima.

El caso de Graciela, en un sentido más amplio, se constituye como una enseñanza sobre lo que se puede lograr mediante el uso del Sistema Interamericano y, en particular, de los procedimientos de solución amistosa. Desde ese enfoque, ambas partes indicaron que uno de los legados del caso es el precedente mismo, lo que en el futuro podría inspirar u orientar reclamos en un sentido similar, que permitan a los Estados prevenir en mayor medida estas situaciones de extrema vulnerabilidad y continuar promoviendo y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales.

Los años no pasaron en vano para la familia de Graciela


Argentina es uno de los países que más utiliza el mecanismo de solución amistosa, por lo que tiene una amplia experiencia tanto en la negociación como en la implementación de acuerdos de esta naturaleza. A la fecha, se han homologado 27 acuerdos sobre diferentes temáticas con respecto a dicho Estado, incluyendo, entre otros, temas de migrantes, violencia policial y seguridad ciudadana, personas privadas de la libertad, justicia transicional, derechos de las mujeres, personas con discapacidad, libertad de expresión y personas mayores. Lo anterior, demuestra una voluntad del Estado para asumir estos procesos como una alerta temprana y una herramienta de mejoramiento institucional.

 

En ese sentido, el procedimiento de solución amistosa “Le ofrece al Estado la posibilidad no solo de resolver la problemática central sino que plantea en cada caso individual la oportunidad de proyectar, diseñar, implementar medias de
mejoramiento institucional”, señala Salgado sobre cómo, desde Argentina, se promovió como política de Estado de considerar a las soluciones amistosas como la opción preferente frente a una denuncia en el sistema internacional: “Consideramos que esta es la actitud que se espera de un Estado democrático”, finaliza.

Los años no pasaron en vano para la familia de Graciela que con perseverancia y paciencia supo mantener su lucha por justicia con el apoyo de la Defensoría. Según relata, la experiencia de dolor se transformó en satisfacción.

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“No entendía qué había hecho mal, si lo único que quería era un hogar para mis niñas, nada más y me estaban denunciando, me estaban condenando. He sufrido mucho en su momento, porque ahí veía la injusticia que hubo. No podía dejar el caso porque era
importante, en el fondo de mí pensaba, si lo logramos vamos a tener una casa”. Y seguí el proceso porque quería lograr la casa, era mi meta, era lo que quería para mis niñas, para mis hijas, para que tengan algo digno para vivir”, recalca Graciela.

Además de los obstáculos comunes que suelen enfrentar los procesos de reclamo internacional en derechos humanos, en cuanto a lo extenso de los tiempos, el proceso en el caso Graciela Ramos Rocha tuvo sus propios desafíos, como lo explica Fernández desde la Defensoría de la Nación.

“En el caso de la señora Ramos Rocha, han sido muchos años de perseverancia, que afortunadamente están próximos a lograr su compensación”, apunta Fernández sobre el éxito en el acuerdo, gracias a la sostenida asistencia jurídica y social de la Defensoría y de la predisposición estatal se logró la transmisión de la posesión y propiedad de un inmueble en favor de Graciela, adecuado a su realidad familiar y a las necesidades de su hija con discapacidad.


El inmueble se le entregó hace más de un año por las autoridades de la provincia de Mendoza y recientemente se escrituró en favor de Graciela, trámite que está próximo a concluir y que, una vez concluído, permitiría dar por cumplido el ASA en todos sus términos.

 

Coordinación y compromiso de las instituciones

Para todas las personas e instituciones participantes inmersas en el proceso, el éxito de una solución amistosa reclama lo mismo que la participación en ella: el compromiso y la voluntad de las partes en la resolución del conflicto.

 

“Además, requiere, y esto aquí ha sido central, la coordinación y el compromiso de las jurisdicciones provinciales, sin las cuales se hace difícil llegar a soluciones en casos que las conciernen. Del solo repaso del caso surge la inclusión en el diálogo de muy diversas autoridades y organismos, así como una compleja ingeniería jurídica en su formalización”, indicó Fernández.


Por su parte, Salgado del Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció el rol de la defensoría, su buena disposición para dialogar e intentar acercar posiciones teniendo como norte el mejor destino para Graciela.

 

“El caso tenía intereses muy concretos y legítimos, darle satisfacción a la situación habitacional y de educación de la víctima. Creo que es un ejemplo, el modo en que se comportaron las partes, el Gobierno de la provincia, las autoridades nacionales y peticionarios quienes tuvieron flexibilidad y compromiso” indica Salgado y agradece la paciencia de Graciela.


Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Defensoría de la Nación, resaltaron el acompañamiento de la CIDH en el caso. Para Salgado es imprescindible que la Comisión mantenga su rol activo y de involucramiento en la vía no contenciosa desde la primera comunicación a los Estados, que se le haga saber a las partes que hay una disposición de usar los procesos de solución amistosa en todos los casos.


Fernández por su parte, señala que las reuniones de trabajo con la CIDH fueron fundamentales en el caso Ramos Rocha, así como el compromiso de Comisionadas y Comisionados y el de su equipo técnico.


“Ofrecieron una posibilidad más ágil de resolver los estancamientos que en ocasiones registran las conversaciones entre las partes, así como una orientación sobre la forma de hacer operativos los acuerdos. Un espacio para comprometer a los actores estatales en cursos de acción específicos y en cronogramas de realización y un intercambio de información mucho más expedito que aquel que permite el procedimiento de traslados escritos (…) Nuestro agradecimiento es muy grande”, finaliza Fernández.

Graciela tiene ocho hijas e hijos, cinco viven aún con ella.


“Felices de poder vivir en una casa hermosa, grande, cómoda. Y tenemos una alegría inmensa. Es algo increíble. Le doy gracias a todo el grupo -de la CIDH y de su equipo técnico de la Sección de Soluciones Amistosas y Seguimiento-, que estuvo con nosotros todo este tiempo y sigue estando. Quiero demostrarles mi felicidad y mi agradecimiento a todos. Estamos felices con la casa, era lo mejor por lo que pude haber luchado. Gracias a Dios y a todos los que estuvieron conmigo. Quiero que ustedes sepan que somos felices y vivimos cómodamente. Gracias, gracias a todos”, finaliza Graciela, desde el portal de su casa en Mendoza.

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RESUMEN DEL CASO


En mayo del 2020, la Defensoría General de la Nación de Argentina, representantes peticionarios de Graciela Ramos Rocha y el Gobierno de la Provincia de Mendoza suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) sobre el Caso No. 13.011 en el cual los peticionarios alegaron la responsabilidad internacional de Argentina, en
relación con el procedimiento mediante el cual se dispuso la condena por el delito de usurpación a Graciela, infringiéndose el principio de legalidad. Producto de dicho acuerdo, la sustanciación de un proceso penal por la ocupación de un inmueble que la víctima encontró vacío, como producto de un estado de necesidad, así como la falta de salvaguardas existentes para satisfacer los derechos económicos y sociales básicos de una familia en situación de extrema vulnerabilidad, fue reconocida por el Estado argentino y como parte de una serie de reparaciones, entregó una casa propia a Graciela. Los procedimientos de solución amistosa están previstos en los artículos 48.1.f y 49 de la Convención Americana. La CIDH ha recalcado su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y su satisfacción por el logro de esta solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos.

 

El Informe de Solución Amistosa No. 197/20 sobre el caso 13.011 se encuentra disponible en este enlace.