Hermanas González Pérez
En las montañas de Chiapas, donde el sonido del viento suele esconder más historias de las que revela, tres hermanas decidieron alzar su voz. Su decisión de hablar y hacerse escuchar se ha convertido en una de las denuncias más emblemáticas de sobrevivientes de violencia sexual cometida por agentes del Estado en México. Treinta años después, su voz sigue firme, para recordar que la violencia contra las mujeres, en especial las indígenas, sigue siendo una realidad en el país y en toda la región.
La resiliencia detrás de la búsqueda de justicia
Crédito: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“La justicia para las hermanas no solo está desde una perspectiva individual, sino que implica una mirada comunitaria
y colectiva”
Gloria Guadalupe Flores Ruiz, abogada del Comité
de Representación
Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para mostrar las historias de resilientes, como es el caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, tres hermanas indígenas tzeltales, quienes son referentes de la lucha por los derechos de las mujeres indígenas en México.
Las hermanas vivían con su familia en Altamirano, un municipio con presencia militar en 1994 debido al conflicto armado interno en el estado de Chiapas. El 4 de junio de 1994, cuando iban de regreso a su comunidad, las tres hermanas -una de ellas siendo menor de edad- fueron detenidas, interrogadas, torturadas y violentadas psicológica y sexualmente por diez militares, debido a su presunta pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tras lo sucedido, su madre, Delia Pérez de González, y las hermanas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público General, el 30 de junio de 1994.
Tras exámenes médicos y declaraciones que corroboraban los hechos, en los años siguientes la respuesta del Estado fue distante y el caso avanzó lentamente. A pesar del abandono institucional, y la barrera del idioma, puesto que las hermanas González Pérez hablan tzeltal y no español, ellas decidieron continuar su lucha en la búsqueda de justicia.
Ante la inercia del Estado y al no sentirse escuchadas, la familia y la representación legal de las hermanas decidieron acudir al Sistema Interamericano. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el 4 de abril de 2001 la CIDH publicó el Informe de Fondo 53/01 en el que determinó que el Estado no había investigado ni sancionado ante la jurisdicción penal ordinaria a los responsables de los hechos, y que tampoco había otorgado medidas de reparación a las hermanas González Pérez y su familia por las violaciones a los derechos humanos que habían sufrido.
En su proceso de búsqueda de justicia ante el Sistema Interamericano, las hermanas González Pérez fueron acompañadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización no gubernamental que promueve y protege los derechos humanos en las Américas.
La abogada Soledad Sánchez, quien ha acompañado el caso desde CEJIL, menciona que el objetivo de que el caso llegara al Sistema Interamericano ha sido la obtención de justicia, y que la justicia sea parte de un proceso de reparación. Este proceso ante la Comisión Interamericana permitió que las hermanas “pudieran acceder a un informe de fondo que establece los hechos, cuenta un relato de verdad que les permite acercarse a su concepto de justicia, acercarse a un camino hacia obtener justicia. En este sentido, el proceso ante la CIDH ha tenido elementos reparadores para las hermanas”, describe la abogada Soledad.
En el informe, la CIDH presentó dos recomendaciones al Estado mexicano:
Investigar completa, imparcial y efectivamente los hechos para determinar la responsabilidad de los autores de las violaciones a los derechos humanos de las hermanas Ana, Beatriz y Celia, y su madre Delia
Reparación de daños para las hermanas y a su madre.
Crédito: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
A través del Comité de Representación de las hermanas González Pérez, la abogada Gloria Guadalupe Flores Ruiz y la defensora de los derechos de las mujeres indígenas Rosa López Santiz han acompañado de manera cercana su búsqueda de justicia. La labor de Rosa ha sido especialmente relevante en el proceso ante la CIDH, al servir como intérprete entre español y tzeltal, la lengua indígena de las hermanas. Como menciona la abogada Gloria Guadalupe, “Rosa ha sido pieza clave. Ella ha sido el canal para hacer la relación entre lo que el Sistema Interamericano considera justicia, y la visión de derechos y justicia para las mujeres indígenas. Ella hizo ese puente de entender qué era la CIDH, cómo funcionaba, y cómo era el acompañamiento en la búsqueda de justicia, lo que permitió ese acercamiento de la perspectiva jurídica a su caso”.
La lucha de Ana, Beatriz y Celia se mantiene incesante, tras más de 30 años de impunidad, en que las autoridades siguen investigando los actos de tortura cometidos por los militares y no se han reconocido a los militares culpables.
“Es un caso muy relevante porque muestra que la violencia sexual contra las mujeres indígenas sigue siendo una problemática estructural, y ayuda a visibilizar la falta de respuesta adecuada de justicia a las mujeres indígenas”
Soledad Sánchez, abogada de CEJIL
Como parte de las acciones de reparación, el Estado realizó en 2019 un acto público en el
que frente a las hermanas y a su madre se comprometió a cumplir las recomendaciones
de la CIDH, reconoció su responsabilidad en
la vulneración de sus derechos
y ofreció disculpas.
Sin embargo, Ana, Beatriz y Celia consideran que aún quedan pendientes importantes, entre ellos una disculpa pública por parte de las fuerzas militares y el avance de las investigaciones, según ha señalado su representación. “Ellas siempre tuvieron claro, y nunca se han cansado. En 2019, ellas explicaron qué es el proceso de reparación,
y que una parte de la reparación implica que se castigue a los responsables, y esa parte está sin avances esenciales”, apunta la abogada
Gloria Guadalupe.
De esta manera, la búsqueda de justicia para Ana, Beatriz y Celia a través del Sistema Interamericano tiene un impacto a nivel regional pues, su caso fue uno de los primeros donde mujeres indígenas denunciaron las violaciones de derechos humanos que vivieron, aún con el temor de las consecuencias que podrían enfrentar.
La participación de la CIDH ayudó a visibilizar la lucha de las Hermanas González Pérez, amplificar su voz y establecer bases importantes en los estándares interamericanos para el análisis de casos semejantes. Su fortaleza y valentía han inspirado a muchas mujeres indígenas de la región a buscar justicia tanto en sus propios países como ante el Sistema Interamericano.
"Que estas cuatro mujeres, incluyendo la madre, hayan tenido el valor de acudir a instancias y procesos que no eran propios de sus formas comunitarias de su organización y hacerlo con esa dignidad, con esa valentía, y sostenerse en el tiempo diciendo “queremos justicia”, pero además esto pasó y creo que ha sido significativo no solo en México sino a nivel de Latinoamérica. Y, tal vez este caso no es tan conocido porque no llegó a la Corte, pero sí abre el camino en la Comisión Interamericana para que después casos como los de Inés y Valentina, mujeres indígenas también agredidas por militares en Guerrero, también llegaran a la corte."
Gloria Guadalupe Flores Ruiz, abogada del Comité
de Representación
"Cada proceso, como el de hermanas González, de nuevo por más que tuviera una deuda grande, también representa una apertura de camino de la transformación de las realidades. Son oportunidades para que el Estado pueda identificar fallas estructurales y generar cambios para evitar la repetición de los hechos. Estos casos, aún con deudas grandes, son oportunidades para la transformación, para evitar la repetición, para tomar conciencia, para construir memoria, para acceder a la justicia y a la verdad, para las víctimas en particular, pero también para todos. Y, además, creo que este caso y la fortaleza de las hermanas de llevar este proceso a un ámbito internacional para obtener justicia para ellas y para mujeres indígenas que en esta época y otras épocas han atravesado esta violencia en México, nos deja un mensaje de mucha fortaleza, mucha resiliencia, de lucha e inspiración para mujeres en México, y para todas las comunidades indígenas. Entonces, creo que el mensaje es muy fuerte y abren caminos de lucha, y son pasos para la transformación de realidades."
Soledad Sánchez, abogada de CEJIL
Sobre el caso
El caso de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez se refiere a la violencia sexual perpetrada por parte de miembros del Ejército Federal Mexicano en 1994. El caso fue admitido por la CIDH en 2001. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que el Estado mexicano es responsable de la violencia sexual que vivieron las hermanas González Pérez.
Desde que la investigación por la tortura contra las hermanas González Pérez pasó a la Jurisdicción Penal Ordinaria en 2013, el Estado mexicano ha mostrado ciertos avances, permitiendo la participación de las víctimas y reconociendo públicamente su responsabilidad en 2019. Entre 2020 y 2021 se realizó el pago de compensaciones económicas, aunque las hermanas González Pérez consideran que aún persisten pendientes importantes.
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de seguimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en su informe de fondo. En esta fase, la Comisión continúa monitoreando las acciones adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a dichas recomendaciones, así como los avances en materia de reparación integral y garantías de no repetición.
El caso ha tenido un impacto significativo al visibilizar el abandono institucional hacia los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que enfrentan las mujeres indígenas en contextos de conflicto. La CIDH documentó avances como la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, la participación activa de las víctimas en diversas etapas procesales y la inclusión de traductores de tzeltal en las diligencias, elementos que fortalecen el acceso a la verdad y la justicia.
Este reportaje fue elaborado por Lucía Gualdron, integrante del programa de pasantías de la OEA en la sección de prensa y comunicación de la CIDH.